SOLANO & ASOCIADOS promovieron un amparo a efecto de garantizar el derecho a la educación.

 En la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García sede Villa de Zaachila, el día 04 de septiembre del presente año, los alumnos de la licenciatura en medicina integral y salud comunitaria se manifestaron afuera de las instalaciones de la universidad a efecto de solicitar la intervención de las autoridades universitarias a las diversas quejas que se presentaron ante el Coordinador de la sede, por actos de discriminación y acoso sexual por parte de un docente, sin embargo, las autoridades en lugar de atender las quejas e iniciar procesos administrativos o disciplinarios en contra del docente, decidieron cerrar las instalaciones, privando a los alumnos del derecho a la educación, entre otros derechos como la dignidad humana y derecho a una vida libre de violencia.

Posteriormente los alumnos recibieron apoyo totalmente gratuito por parte de un despacho jurídico de nombre SOLANO & ASOCIADOS a través de los licenciados Emilio Solano y Diana Torres, y promovieron un amparo a efecto de garantizar el derecho a la educación, es así que la justicia federal otorgó una suspensión provisional ordenando al organismo coordinador de las universidades para el bienestar que de manera inmediata abriera las instalaciones y se retomaran las clases de la licenciatura en medicina integral y salud comunitaria y la ingeniería en agronomía y agricultura, cabe resaltar que dichas autoridades federales de las universidades para el bienestar recibieron la notificación el día miércoles 27 de septiembre del presente año, sin embargo, a la fecha continúan cerradas las instalaciones de la universidad y con ello se sigue violando el derecho a la educación de los alumnos.

Los alumnos de la licenciatura en medicina integral y salud comunitaria de la universidad del bienestar sede villa de zaachila en contubernio con el despacho jurídico solano y asociados han promovido celeridad al asunto, para el único efecto de garantizar el derecho a la educación y que ningún alumno que se atrevió a alzar la voz ante mencionadas injusticias sufra represalias, por lo que se solicitaron se le de vista al MP Federal con el fin de iniciar carpeta de investigación en contra de estas autoridades por desacatar una orden judicial, y como consecuencia dichas autoridades que se han rehusado a cumplir con un mandato judicial pueden sufrir consecuencias consistentes en multas, destitución de sus cargos, inhabilitación para ejercer otro cargo público y/o incurrir en un delito federal.